Las
empresas de servicios públicos en estos momentos tienen un monumental programa
de bienestar totalmente desconocido por los habitantes de las principales
ciudades. Estos modernos Robin Hoods han diseñado unos sistemas de tarifas que
buscan quitarle a los ricos para darle a los pobres.
En esta época en que se
inician las administraciones de los nuevos alcaldes es muy útil poner de
presente que en Colombia las administraciones locales han asumido un papel que
de acuerdo con los libros de texto sobre teoría de política fiscal no deberían
estar haciendo. El famosos libro del Profesor Musgrave sobre las Finanzas Públicas
señala tres funciones del gobierno, la de estabilización, la de redistribución
y la de asignación de recursos.
La función de
estabilización, obviamente, está a cargo de la nación pues ninguna de las
administraciones tiene acceso a la imprenta del Banco de la República. La
función de asignación ha sido considerada como la típica que pueden desempeñar
los gobiernos subnacionales. Por lo general estos gobiernos conocen mejor las
preferencias de sus ciudadanos y cuentan con mejor información que el gobierno
nacional. La mayor eficiencia de los gobiernos locales para desempeñar la
función de asignación ha sido una de las principales razones para la
descentralización administrativa llevada a cabo por los dos últimos gobiernos.
La función de
redistribución por lo general está asignada al gobierno nacional pues el
gobierno nacional no solo tiene unos recursos más amplios sino que cuenta con
unos instrumentos más adecuados para realizar los cambios en la distribución de
ingreso.
El asignar a los
gobiernos locales la función de distribución tiende a causar serias
distorsiones en la asignación de recursos muchas veces causada por el deseo de
atraer industrias o mano de obra de otras regiones. Esta guerra de incentivos
puede causar serios desequilibrios fiscales en las ciudades. La gran crisis
fiscal de finales de los setenta en la ciudad en Nueva York en gran parte se
debió a querer mantener un sistema de bienestar social para la ciudad por encima del vigente en el
resto de los Estados Unidos.
Las empresas de servicios
públicos en estos momentos tienen un monumental programa de bienestar
totalmente desconocido por los habitantes de las principales ciudades. Estos
modernos Robin Hoods han diseñado unos sistemas de tarifas que buscan quitarle
a los ricos para darle a los pobres. Las tarifas para los bajos consumidores
están muy por debajo del costo económico de producir el servicio. Los costos
para las industrias y los altos consumidores están muy por encima de los costos
de las empresas. de servicios públicos.
Algunos estimativos
para la Empresa de Energía de Bogotá que se ha caracterizado como la campeona
de la redistribución muestran que las transferencias son alrededor de la quinta
parte de los ingresos corrientes. Este programa social surgido a finales de los
sesenta es desconocido por la mayoría de los bogotanos. La Junta Nacional de
Tarifas, una institución cuyas funciones se han vuelto anacrónicas en un
ambiente descentralizador, ha establecido programas que hoy en día ya no se
pueden sostener.
Los libros de texto
elementales sobre la teoría del bienestar y los cambios en los países
comunistas nos enseñan que la redistribución no debe hacerse a través del
sistema de precios. Las distorsiones introducidas son de tal magnitud que
cualquier posible beneficio logrado se pierde por el efecto negativo en la
asignación de recursos.
Estos subsidios e
impuestos implícitos inherentes en el esquema de tarifas vigentes deben ser
objeto de un cambio. En primer lugar deben hacerse explícitos. Las cuentas a
los usuarios de bajos consumos deben indicar el monto del subsidio. Los recibos
entonces tendrán tres valores. El costo para la empresa, el valor del subsidio
y el neto a pagar o sea la diferencia entre los dos primeros. En segundo lugar,
el gobierno nacional, quien es el encargado de la función redistributiva, debe
asumir este subsidio. Como las distorsiones creadas por los esquemas tarifarios
son tan grandes es probable que el proceso de transición hacia la financiación
de los subsidios por parte del gobierno central no pueda hacerse de manera inmediata.
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