El aumento en la
responsabilidad del Estado y la transferencia de funciones a los niveles
locales puede representar una magnífica oportunidad para mejorar el nivel de
vida de los colombianos.
Después de cinco meses
de arduos trabajos, el 4 de julio se promulgó la nueva constitución. La
Constitución del 91 consagra unas nuevas prioridades del gasto público. La
nueva carta de navegación muestra una mayor prioridad en el gasto social que
refleja el sentir ciudadano.
La nueva constitución
no solo reorienta las prioridades del gasto sino que cambia la responsabilidad
de la prestación de muchos de los servicios sociales. La ejecución del gasto
público se transfieren de la Nación a los Departamentos y Municipios.
La transición hacia el
nuevo orden constitucional puede causar algunos traumatismos. El aumento en las
transferencias del gobierno central a las entidades territoriales va a causar
un impacto negativo en las finanzas del gobierno central. Pues el monto de las
transferencias a los gobiernos locales es superior al ahorro en los gastos
transferidos a los niveles inferiores del gobierno.
Para cubrir este faltante
será necesario elevar los tributos a nivel nacional. Infortunadamente, este aumento en los
impuestos ocurre en una época en la que las finanzas públicas están siendo
fuente de inestabilidad macroeconómica. Con ocasión de la visita del Fondo Monetario
Internacional, el gobierno encontró que en lugar de tener unas finanzas
equilibradas tenía un hueco del dos por ciento del PIB.
Además de cubrir los
gastos recurrentes que implican las nuevas responsabilidades, el gobierno
central deberá contar con recursos para respaldar los pasivos de los
trabajadores que se transfieran a los Departamentos y Municipios. El proceso de
ajuste también va a implicar el pago de indemnizaciones a los empleados
redundantes existentes hoy en día.
El aumento en la
responsabilidad del Estado y la transferencia de funciones a los niveles
locales puede representar una magnífica oportunidad para mejorar el nivel de
vida de los colombianos. Para esto es indispensable que el aumento del
cubrimiento de los servicios venga acompañado de importantes aumentos en la
eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Estado. Los cambios
ordenados por la nueva Constitución, deberán por tanto, ser el resultado de un
sistema en el que se minimice la ineficiencia natural del Estado. Este sistema
debería tener al menos los siguientes elementos. Primero, en lo posible, el
gobierno debería ser el financiador del gasto más bien que el responsable de la
prestación de los servicios. Por ejemplo, sería deseable que el gobierno en vez
de ampliar los cupos en los colegios oficiales, otorgara becas para que los
jóvenes de escasos recursos asistan a colegios privados. La gran diferencia
entre los costos reales de los dos tipos de instituciones educativas permitiría
que con el mismo dinero se atendieran un mayor número de estudiantes si estos
van a los colegios privados.
Segundo, la eficiencia
del gasto aumentaría en la medida en que el gobierno central estableciera un
mecanismo de transferencias ligado a los resultados. Bajo este esquema, los colegios
oficiales recibirían un reembolso por estudiante matriculado, en vez de obtener
recursos para cubrir todos los gastos. En la medida en que los padres de
familia tuvieran la libertad de elegir entre el sector privado y el público se
introducirían factores de competencia que permitirían mejorar la eficiencia del
gasto público.
El revolcón en la
prestación de los servicios públicos podría llegar a ser espectacular. Si los
estudiantes de la Universidad Nacional recibieran directamente los subsidios
del gobierno y lo pudieran gastar en cualquier Universidad del país es muy
probable que muy pocos decidirían continuar en el claustro dirigido por el
excéntrico Doctor Mockus.
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