Para lograr una mejor
asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin
ánimo de lucro es necesario diseñar unos incentivos adecuados.
En estos días se ha
venido comentando las dificultades que han venido pasando las instituciones sin
ánimo de lucro. Algunas de estas instituciones están prácticamente paralizadas,
debido a que los auxilios no han podido ser girados pues no hay ningún
funcionario que se atreva a enfrentarse a una posible demanda.
Los abogados han venido
proponiendo una serie de medidas que permitan resolver el problema jurídico que
se presentó por el cambio en la Constitución. Indudablemente, es necesario que
el Congreso defina la situación legal de los auxilios y que llene el vacío
dejado en muchas materias. Las Corporaciones Regionales, por ejemplo, han
quedado sin fuentes de recursos porque la constitución asignó a los municipios
los impuestos sobre la propiedad raíz.
Para un economista el
problema creado por los auxilios tiene una solución diferente. El problema de
la mala destinación de ellos es simplemente un caso típico de un abuso de la
posición de monopolio. Los auxilios son mal utilizados porque no están
reflejando las preferencias de los consumidores, sino más bien las preferencias
de unos privilegiados, a quienes se les concedió el monopolio de la decisión
del destino de estos.
La triste realidad es
que las preferencias de los que asignaban el gasto, casi nunca coincidían con
las preferencias de los que ponían el dinero o sea los contribuyentes. Por lo
menos en mi caso si me preguntaran que haría con mis impuestos, nunca se me
hubiera ocurrido gastar mi dinero en beneficio de todos los proyectos en los
que fueron gastados.
El ponerle una
cortapisa legal es muy probable que sirva para que en el futuro los auxilios
tengan una mejor utilización. Sin embargo, el problema persistirá. El encargado
de las decisiones siempre tendrá en cuenta sus preferencias, y no los de la
comunidad. El querer poner demasiadas condiciones a la utilización de los
auxilios conducirá a una situación en que muchas de las instituciones
meritorias, como los hospitales, no gocen de auxilios suficientes porque
incumplen con alguno de los requisitos.
Adicionalmente, el
exceso de regulación tiene un costo muy grande para la sociedad, pues el costo
de administrar estos auxilios puede llegar a representar una fracción
considerable del valor total. El neto que le queda a la institución, después de
haber incurrido en altos costos en la tramitación, puede llegar a ser muy
pequeño. Los administradores van a dedicar todo el tiempo a cumplir con una
serie infinita de requisitos, y por lo tanto no podrán cumplir con sus labores
de dirección.
Para lograr una mejor
asignación de recursos y disminuir el costo del manejo de las instituciones sin
ánimo de lucro es necesario inyectar incentivos adecuados. El administrador
debe concentrarse en prestar un buen servicio y el contribuyente debe expresar
sus preferencias sobre las obras en las que se debe gastar el dinero. Una
manera de lograr esto es haciendo que sea más atractivo el apoyar las
instituciones meritorias. Si el ciudadano tuviera un buen incentivo tributario
para apoyar la institución meritoria de sus preferencias, se podría lograr que
las instituciones se dedicarán a conseguir el apoyo de los contribuyentes
probablemente buscando prestar un buen servicio.
Muchos podrían pensar
que esta propuesta puede no tener validez, porque algunas instituciones no
podrían contar con el apoyo suficiente, a pesar de un gran esfuerzo por
despertar la solidaridad ciudadana. La respuesta a esta objeción sería que si
se logra demostrar que dicha institución realmente debe existir, requería
contar con un apoyo explícito del gobierno. Si se piensa que una entidad
particular podría realizar más eficientemente la gestión, que una oficial,
sería necesario realizar un contrato de administración con la entidad sin ánimo
de lucro. El pago a este servicio debería reflejar el servicio prestado y no
únicamente, un reconocimiento de los costos incurridos.
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