La justificación de un
estímulo fiscal para compensar el choque de oferta causado por el apagón ya no
es válida.
El mes de abril
comienza con buenas noticias en el frente económico. En primer lugar, el jueves
primero, día de los inocentes en Estados Unidos y Europa, el Presidente Gaviria
clausuró oficialmente el apagón. En segundo lugar, el DANE nos informa que la inflación
continúa descendiendo. El incremento de los precios a nivel nacional en los
últimos doce meses llegó a un poco más del veinticuatro por ciento. Esta cifra
puede ser un buen indicio de que la meta de inflación para el presente año si
se puede cumplir. Esta posibilidad se refuerza cuando se mira la inflación en
las diversas ciudades en las que el DANE realiza su investigación sobre el
costo de vida. En efecto, en algunas ciudades ya se ha logrado cumplir con la
meta fijada por el Gobierno y el Banco de la República. Medellín y Cartagena
están experimentando inflaciones de menos del 22 por ciento. Montería y
Villavicencio están muy cerca a los dos paticos y pueden llegar a la meta el
próximo mes.
La euforia causada por
estas dos buenas noticias no debería dar origen a una falsa complacencia. Por
el contrario, es vital que el Gobierno adopte una serie de medidas que mantuvo
en el congelador mientras duraba el odiado apagón. El gobierno debe reforzar el
control del gasto público. La justificación de un estímulo fiscal para
compensar el choque de oferta causado por el apagón ya no es válida.
El ajuste en los
precios de los energéticos y de otras tarifas de servicios públicos que eran
políticamente imposibles con apagón y con una inflación que se resistía a ceder
se vuelven viables cuando se cuenta con energía las veinticuatro horas del día
y cuando la inflación se está aproximando a la meta.
Un manejo riguroso de
los instrumentos de política fiscal debe convertirse entonces en prioridad del
gobierno. Los agentes económicos van a estar muy pendientes de todas las
actuaciones del gobierno y las claudicaciones fiscales van a terminar con el
espíritu optimista de los primeros días de abril. En esta semana la opinión
estará pendiente de la determinación del precio interno del café. Ante una
situación ampliamente deficitaria, el gobierno debería tratar de mantener el
precio de la carga de café en los 85.000 pesos que estableció en julio de 1992.
Podría mejorar, eso si, la situación de los cafeteros disminuyendo o aún
eliminando el valor que se paga en Títulos de Ahorro Cafetero.
Un buen manejo fiscal
no solo es vital para un mejor control inflacionario sino que también se vuelve
indispensable para obtener mejores resultados en el sector agropecuario, en
general y en el sector cafetero en particular. Para todos es claro que la
revaluación real del peso ha influido negativamente en la competitividad del
sector agropecuario y que por lo tanto, para la recuperación del sector
agropecuario se necesita lograr una devaluación real del peso.
Aunque no existe un
consenso sobre la política que se puede seguir para obtener la tan anhelada
recuperación de la competitividad externa, las experiencias exitosas del pasado
y los análisis teóricos muestran que la reducción del gasto público y la
eliminación del déficit fiscal es la mejor posibilidad de lograr que una
aceleración de la devaluación nominal se convierta en una mejora en la
competitividad de una economía.
Visto de esta manera,
la congelación del precio interno del café puede convertirse en un elemento
positivo en la solución definitiva del problema del sector agropecuario. Una
mejora en el balance fiscal puede permitir una aceleración en el ritmo de
devaluación lo que permitirá obtener más pesos por los pocos dólares que se le
están pagando a los agricultores en los mercados mundiales.
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