La presente administración si bien ha buscado
poner punto final a prácticas obsoletas, no deja de tener sus pecadillos
manteniendo medidas más allá de lo necesario.
No hay nada más peligroso que una medida
transitoria cuya vigencia se prolonga más de lo estrictamente necesario. El
apretón monetario de 1976 establecido para controlar la bonanza cafetera, al
prolongarse más allá de lo debido dió origen a la crisis del sector financiero
en el 82. La política de sustitución de importaciones justificada como una
medida temporal para apoyar las industrias durante su infancia se convirtió en
un esquema de seguridad social para industrias que nunca tuvieron viabilidad
económica.
La presente administración si bien ha buscado
poner punto final a prácticas obsoletas, no deja de tener sus pecadillos
manteniendo medidas más allá de lo necesario. La utilización del certificado de
cambio como un método de control monetario es, en mi opinión, un claro ejemplo
de un instrumento que completó su vida útil y que debe ser desmontado lo antes
posible. La medida tomada en junio de 1991 de emitir certificados de cambio a
tres meses y su ampliación a 12 meses hecha en octubre del mismo año, fueron
bastante útiles pues le dieron a la autoridad monetaria un margen para tomar
otras medidas que contrarrestaran los efectos negativos de la política
macroeconómica vigente en ese momento.
Es claro que la situación de hoy en día es muy
diferente a la que existía cuando se tomo esta medida. En esa época, debido a
las expectativas de una disminución del precio de las importaciones, éstas se
encontraban estancadas, lo que unido a unas exportaciones dinámicas tenía como
consecuencia un superávit comercial considerable. El atacar la enfermedad
directamente mediante una revaluación acompañada de una congelación de recursos
haciendo que los costos de la restricción monetaria cayera en los exportadores
parecía razonable.
El superávit comercial ha desaparecido y el
sector exportador se encuentra en dificultades. En estas circunstancias la
única razón para mantener el uso del certificado es evitar el posible impacto
de su desmonte brusco. El impacto en otros sectores como el cambiario o en la
rentabilidad de las actividades bursátiles es menor y puede ser manejado
fácilmente.
Una manera de ir terminando gradualmente con
los certificados de cambio es reducir su alcance, esto es, exonerar de la
obligación de recibir certificados de cambio a algunos productores. Por ejemplo
podría eliminarse el certificado de cambio para las exportaciones agrícolas
buscando mejorar la rentabilidad del sufrido gremio agropecuario. Sin embargo,
esto implicaría de hecho el uso de tasas de cambio diferenciales, práctica un
tanto peligrosa y poco aceptable por los organismos internacionales como el FMI
o el Banco Mundial que están siempre en contra de estos subsidios o impuestos
implícitos inherentes en las tasas de cambio diferenciales.
Parece mucho más lógico y transparente desde el
punto de vista económico ir reduciendo gradualmente el período de maduración de
los certificados de cambio. Esta disminución debería hacerse en varias etapas
para evitar problemas en el manejo cambiario y monetario. El siguiente esquema
podría servir de base para una eliminación gradual del tipo de cambio. El
próximo primero de mayo el período de los certificados debería reducirse a once
meses. A los dos meses, o sea el primero de julio de 1993, el período de los
certificados se volvería a reducir otro mes. Este proceso de reducción, un mes
cada dos meses se repetiría hasta que en enero de 1995 los certificados
tuvieran una vigencia de solo un mes.
El esquema propuesto permitiría una disminución
gradual del saldo de certificados de cambio del nivel de 1.200 millones de
dólares hasta su desaparición en febrero de 1995. La eliminación del
certificado permitiría no solo aumentar el ritmo de devaluación sino que
eliminaría una serie de distorsiones existentes.
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