Al final de cuentas lo
único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva
En medio del debate
político, el congreso de la República está estudiando el desmonte de los
subsidies a las tarifas de los servicios públicos. La improvisación con que se tratan temas tan
importantes no puede ser más patente.
Como los malos estudiantes los padres de la patria han dejado todo para
el último día y ahora se muestran acuciosos para tratar un problema que habían
dejado latente en pasadas legislaturas.
En efecto, por mucho
tiempo se ha buscado mejorar el esquema tarifario vigente. El país ha logrado entender después de mucho
tiempo que el servicio público que no se presta es el más caro y que las clases
menos favorecidas tienen que pagar los costos más elevados por los servicios
públicos. Los hogares de más bajos
ingresos tienen que comprar el agua por galones, mientras que el resto de los
usuarios lo hacen por metros cúbicos.
Los hogares pobres tiene que cocinar con cocinol con graves peligros
para la familia y, además, tiene que someterse a hacer colas interminables para
gozar de este combustible.
La adopción de precios
políticos ha incidido negativamente en las finanzas de las empresas y ha
atentado contra la viabilidad financiera de las mismas, distorsionando de paso
la asignación de recursos. Más aún, la implantación de las sobretasas
al comercio, la industria y los usuarios de mayores ingresos ha llevado a un
incremento desmedido de las pérdidas negras.
La estructura de las
tarifas de los servicios públicos bajo el impulso de un populismo salvaje llegó
a ser insostenible. Durante el gobierno
del Presidente Betancur se inició el ajuste de las tarifas de energía. Por medio de un Decreto se fijaron las
tarifas típicas para todo el país y se comenzó el ajuste hacia el patrón
nacional. Los organismos multilaterales
de crédito para colaborar en este propósito incluyeron en sus contratos de
préstamo una cláusula en la que obligaban a las empresas a adoptar el nuevo
esquema tarifario.
La sensatez tarifaria
finalmente quedó consagrada en la nueva constitución en la que se establecieron
unos lineamientos para el establecimiento de las tarifas de los servicios
públicos. Bajo el nuevo esquema se puso
un limite a los subsidies y se trasladó la responsabilidad del pago de los
servicios a los gobiernos nacional y local.
En desarrollo del mandato constitucional se definió un esquema
regulatorio para los servicios públicos en los que se consagró como uno de los
objetivos de las empresas la viabilidad financiera que debía lograrse con unos
esquemas tarifarios en los que los subsidieos y las sobre tasas deberían estar
limitados a unos porcentajes razonables.
Las leyes pusieron también un plazo máximo para la adopción del nuevo
esquema tarifario.
Siguiendo la práctica
lopista del «chamboneo», la Ley quedó mal hecha. Los esquemas tarifarios, iguales para todos
los servicios, resultaron insuficientes para asegurar la viabilidad financiera
de las empresas lo que llevó a un ajuste no solo en la estructura sino también
en el nivel de las tarifas. Las
comisiones reguladoras y las empresas prestadoras de servicio emprendieron un
proceso de aprendizaje, a marchas forzadas, para poder cumplir con los
requerimientos legales. Los resultados
obtenidos al aplicar las normas resultaron muy por encima de los que esperaban
los funcionarios de turno.
La crisis política con la
posibilidad de hacer una consulta popular para legitimar el mandato del
Presidente se convirtió en el elemento necesario para frenar el ajuste de las
tarifas de los servicios públicos. Argumentando, cínicamente, que la subida de
las tarifas de los servicios públicos haría lo que no han podido hacer las
revelaciones de las irregularidades de la campafia presidencial, los
parlamentarios gobiernistas entraron a la hora de nona a diferir el ajuste en
las tarifas de los servicios públicos.
Sin entrar a discutir la
justicia de la medida se debe concluir que el Congreso sigue dando señales
equivocadas al público. En primer lugar,
el afán de sacar una ley impide una discusión seria en la que se discutan los
posibles efectos negativos de las medidas adoptadas haciendo necesario sus
continuos cambios. En segundo lugar, si
todo puede ser cambiado los encargados de poner en funcionamiento los cambios
pueden lograr bloquear la medida simplemente demorando su puesta en
funcionamiento hasta el último momento.
En tercer lugar, si el gobierno, al igual que muchos padres, no esta
dispuesto a cumplir con sus amenazas termina perdiendo la credibilidad.
Al final de cuentas lo
único que queda claro de este episodio es que el país esta a la deriva. El gobierno no tiene una política clara
diferente a la de perpetuarse hasta el siete de agosto de 1998. La posibilidad de entrar en una profunda
crisis económica es cada vez más cercana.
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