Como resultado del poco conocimiento del transporte
en Colombia las propuestas hechas en el campo de la financiación de la
infraestructura de transporte no han resultado muy afortunadas.
El transporte es un sector
poco atractivo para los investigadores.
El conocimiento sobre el sector transporte surge, en buena parte, de una
serie de estudios realizados muy ocasionales para fijar las bases para los planes
de transporte. A diferencia de otros sectores como el industrial que cuenta con
una serie de estadísticas periódicas de muy buena calidad, la información sobre
el transporte que se publica regularmente es muy poco profunda y por lo tanto
resulta insuficiente para hacer un diagnostico acertado de la marcha del
sector.
La carencia de
estadísticas serias sobre el transporte hace que los estudios sobre el sector
que se realizan muy de vez cuando terminen convertidos en operaciones masivas
de procesamiento de información con la grave consecuencia de limitar a un
mínimo el tiempo necesario para el diagnostico analítico y la formulación y
evaluación de planes y proyectos. Este
proceso de investigación concentrado en unas fechas unido al cambio de las
firmas encargados de ejecutar los estudios ha obligado a los consultores
especializados a buscar una diversificación hacia otras áreas y ha impedido la
acumulación seria de conocimientos sobre el tema del transporte.
Como resultado de lo
anterior, las propuestas hechas en el campo de la financiación de la
infraestructura de transporte no han resultado muy afortunadas. Los esquemas de concesión no han logrado
despegar no solo por dificultades de información en cuanto a los costos y
beneficios de los proyectos sino también por dificultades financieras del
gobierno. Ante los recortes
presupuestales necesarios para lograr un equilibrio fiscal surgen propuestas
del Ministerio de Transporte sobre posibles fuentes de financiación para la
construcción y el mantenimiento de la infraestructura vial.
En efecto, el Ministro de
Transporte esta proponiendo la creación de una sobretasa a la gasolina para el
mantenimiento de las vías, dedicando de paso, el cobro del peaje para la
construcción de las nuevas. Como complemento,
el Ministro propone reestructurar la contribución por valorización con el fin
de lograr captar parte de la plus valía generada por la construcción de las
carreteras.
La propuesta parece
interesante a simple vista. Sin embargo,
además de tener problemas de carácter constitucional por ir contra de la
prohibición de impuestos con destinación especifica, la propuesta tiene serios
problemas de carácter técnico. El daño
causado por los vehículos en las carreteras tiene muy poca relación con el
consumo de gasolina. En primer lugar,
gran parte del consumo de gasolina se debe al trafico urbano y por lo tanto no
afecta para nada el deterioro de las vías a cargo del Ministerio de
Transporte. El establecer una sobretasa
a la gasolina equivaldría a una transferencia masiva de recursos de los
municipios hacia el gobierno central.
En segundo lugar, el daño
que causan los vehículos es proporcional a la potencia cuarta de la carga por
eje mientras que el consumo de gasolina varia casi en relación directa con el
peso del vehículo y por lo tanto bajo un esquema de sobretasa a la gasolina los
vehículos que causan menos daño estarían subsidiando a los que causan más
daño. A la larga se estaría, entonces
incentivando el uso de vehículos más pesados lo que tendría como consecuencia
la disminución de la vida útil de la infraestructura de transporte.
Pero si esto no fuera
suficiente para no recomendar la implantación de una sobretasa a la gasolina,
debería notarse que los estudios muestran que los impuestos a la gasolina son
de carácter regresivo y por lo tanto los que más van a sufrir en términos
relativos con esta sobretasa van a ser los pobres. El gobierno al estilo de Hood Robin le
estaría quitando a los pobres para darle a los ricos.
Finalmente, la propuesta
ignora que podría lograr los mismos malos efectos de una manera menos
costosa. En efecto, la base sobre la
cual se liquida el impuesto a la gasolina ha tenido durante los últimos 20 años
un claro carácter discrecional. Como la
base del impuesto es el costo en la refinería el gobierno decide cual es su
valor determinando un precio político para el transporte por oleoducto. Si quiere que el impuesto no afecte mucho al
bolsillo del consumidor aumenta el costo del transporte por oleoducto
reduciendo de esta manera la base sobre la cual se cobra el impuesto. Obviamente, si quiere que el aumento sea
mayor no necesita crear una sobretasa sino simplemente disminuir el porcentaje
del precio total que se asigne al transporte por oleoducto.
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