El gobierno debería estar pensando en utilizar de
manera eficiente los cuantiosos recursos que se le han aprobado en lugar de
estar tratando de aumentar su participación en el ingreso nacional.
El proceso presupuestal
colombiano ha sido duramente cuestionado por los principales analistas de la
realidad económica. El Congreso por
regla general no participa en las discusiones sobre las prioridades de gasto ni
sobre la manera de financiar el presupuesto.
Son muy pocos los congresistas que pueden aportar a la discusión y a
algunos de ellos se les descalifica como oposicionistas por lo que se termina
en un dialogo entre el gobierno y el ponente del proyecto de presupuesto.
El paso del presupuesto
por el Congreso viene acompañada por una serie de desayunos en los que se
discute entre el gobierno y el congreso el peaje necesario para hacer aprobar
la propuesta del gobierno. En este rito
anual sal ganando el electorado de los congresistas que integran las comisiones
económicas pues al final se incorporan unas partidas para satisfacer las
clientelas de los políticos que manejan las comisiones encargadas del trámite
presupuestal.
La discusión que se debe
dar sobre las verdaderas prioridades del gasto público y la determinación de
cuáles deben ser los programas más adecuados para satisfacer las necesidades
del país en materia fiscal nunca se puede hacer porque el público y sus
representantes no tienen los elementos de juicio a su disposición. La realidad muestra que de hecho el ejecutivo
logra imponer sus prioridades de gasto.
Lo preocupante con el proceso actual es que ante la carencia de un
verdadero control ciudadano el sector gobierno cada día es más grande y la
eficiencia del gasto público es cada vez menor pues los aumentos en las
partidas no se ven reflejadas en mejores resultados.
La llamada inversión
social se convierte mayores gastos burocráticos sin que los indicadores de
calidad y cantidad de la educación y la salud mejoren en la proporción en que
ha aumentado el gasto que aparece el presupuesto. La ejecución de la inversión en
infraestructura sigue presentando considerables rezagos y las mejoras
prometidas nunca se ven.
Por otra parte, a pesar
del considerable aumento de los ingresos logrado en las últimas reformas
tributarias el país sigue al borde de una posible crisis fiscal. El sector central se muestra ampliamente
deficitario y cubre su faltante con el excedente del seguro social. El querer cumplir con los buenos deseos consagrados
hace cinco años en la constitución del 91 ha llevado a los dos últimos
gobiernos a un incremento considerable del tamaño del estado. Cuando todo el mundo se encuentra en la onda
de un estado eficiente, en Colombia seguimos en el ensueño del estado
benefactor.
Como si la realidad no
fuera lo suficientemente preocupante para obligamos a entrar a una poca de
austeridad la que limitáramos nuestras expectativas a los recursos disponibles
se propone por parte del Ministro de Hacienda un cambio en la mecánica
presupuestal. ora se busca en aras de una desueta ortodoxia fiscal del
presupuesto equilibrado entrar a discutir simultáneamente los ingresos y los
gastos presupuestales. Por obra y gracia
de la nueva mecánica entraremos en una reforma tributaria continua. Cada año el gobierno se reunirá con los
expertos tributaristas del congreso para reducir el presupuesto familiar y
aumentar las partidas que fomentan el clientelismo y la corrupción.
Si la discusión abierta de
los aumentos de los impuestos no han logrado frenar el crecimiento desmesurado
del tamaño del estado, el combinar el aumento de los impuestos con el caramelo
de los nuevos auxilios parlamentarios nos pueden llevar muy rápido al abismo
fiscal. Lo que se requiere en estos
momentos es una congelación del tamaño del estado y la reversión de las
peligrosas tendencias nacidas de una descentralización demasiado generosa y sin
contraprestaciones.
El gobierno debería estar
pensando en utilizar de manera eficiente los cuantiosos recursos que se le han
aprobado en lugar de estar tratando de aumentar su participación en el ingreso
nacional. Un momento como el actual el
que se encuentran las fuerzas tan polarizadas no parece el más apropiado para
entrar a discutir una reforma tan discutida.
La mitad del país va a pensar con alguna razón que esta reforma lo que
pretende es pagar a la clase política por la declaración de la preclusión del
proceso al Presidente.
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