A mediados del período presidencial la situación de empleo no puede
ser más desoladora.
La campaña Samper quiso mostrar, aún en contra de la
realidad, que la situación económica del país era bastante grave y que se
requería de un gran estimulo para lograr alcanzar unas altas tasas de
crecimiento. El diagnóstico del plan de
desarrollo especialmente en el tema del empleo mostraba una situación
relativamente aceptable pues los indicadores eran bastante favorables. El desempleo se había venido reduciendo de
tal manera que al comienzo del gobierno de Samper se contaba con indicadores
muy favorables. Tal como se indica en
«Las políticas del Salto Social», el desempleo durante los últimos
tres trimestres estaba mostrando los niveles más bajos de los últimos diez
años, 7,6% en Septiembre de 1995; 7,9% en diciembre de 1994 y 8, 1 % en marzo
de 1995.
El mismo documento mostraba además que el problema
de la informalidad se estaba reduciendo de manera sostenida. De un valor de 57,1 en 1988 se había reducido
a un 53,8% en 1994. Más aún, gracias a
las reformas de los noventa, el crecimiento se venia dando en el sector
privado, habiendo dejado el gobierno el papel de empleador de última instancia.
De la lectura del documento queda claro que la
situación del empleo en Colombia era muy diferente a la retórica que nos tenía
acostumbrados el Expresidente de ANIF. Las grandes frases acuñadas por el
candidato liberal a lo largo de su carrera pública, no tenían ningún soporte en
la realidad. Las grandes promesas de la
campaña se estaban cumpliendo aún antes de formular el plan de desarrollo pues
la situación era mucho mejor de lo que siempre había hecho creer el Poder
Popular.
La creación de un millón seiscientos mil empleos en
los cuatro años no parecía muy difícil de cumplir pues lo único que se
necesitaba era proseguir en la senda de rápido crecimiento económico que se
había logrado establecer en los últimos años de la Administración Gaviria. Se calculaba que con un crecimiento de 5,7
por ciento por año durante el cuatrenio Samper sería posible mantener un
crecimiento del 2,8 por ciento del empleo lo que permitiría descensos
adicionales en la tasa de desempleo o mejoras en la calidad de los puestos de
trabajo.
Infortunadamente, el plan Samper para la creación
del millón seiscientos mil empleos no se tradujo en acciones especificas. El gobierno le apostó a un crecimiento
general de la economía en la que se esperaba que con buenas intenciones se
lograría un crecimiento dinámico de la agricultura y la industria. Se pensó que logrando una devaluación real se
podría obtener un rápido crecimiento de las exportaciones industriales y
agrícolas. Más aún, se esperaba no solo
aumentar el empleo sino lograr al mismo tiempo un aumento en la competitividad
de la economía colombiana. Se confiaba
que creando un Consejo Nacional de la Competitividad se podría lograr una mayor
dinámica de los sectores exportadores que permitirían el doble milagro de crear
cuatrocientos mil empleos anuales y disminuir al mismo tiempo los costos
laborales aumentando de paso la competitividad de la economía colombiana.
A mediados
del período presidencial la situación de empleo no puede ser más
desoladora. Los indicadores se han
tornado negativos. Trimestre a
trimestre, el desempleo ha comenzado a aumentar, las empresas entran en
concordato y licencian a los trabajadores.
El empleo industrial cada vez es menor, la agricultura acosada por la
guerrilla cada vez genera menos empleo, las marchas campesinas y el descontento
en el campo son la orden del día. El
país se encuentra aislado y el gobierno no puede garantizar ni la movilización
de los alimentos a las ciudades principales.
La posibilidad de mantener un crecimiento acelerado
que permita incorporar a los nuevos trabajadores a un empleo productivo es cada
vez más lejana. La recesión es cada vez
más notoria y el impacto de la parálisis de la construcción en el empleo se
puede apreciar cada día más. El aumento
de los impuestos, la posibilidad de sanciones económicas no son buenas noticias
para los trabajadores colombianos.
En medio de este caos creado por la ausencia de
políticas claras en el campo del empleo, la ciudadanía se siente
desprotegida. El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social que debería guiar la política de empleo se empeña en utilizar
su poder para mejorar la suerte de algunos de los sindicatos más fuertes. Los grandes sindicatos no contentos con
mantener sus prebendas han comenzado a fijar las políticas sectoriales.
El Sindicato de Telecom decide cuando se debe abrir
la competencia en larga distancia y cuando se puede entrar a competir en Bogotá
por el mercado de la telefonía local. El
Ministro de Comunicaciones es impotente ante un gobierno que está dispuesto a
comprar el apoyo del sindicato de las telecomunicaciones para mantenerse en el
poder. El Sindicato de Ecopetrol decide
si se debe aumentar la participación de los asociados y define en general la
política energética. Los Sindicatos del
Sector Eléctrico aprovechan la oportunidad para captar la reducción de los
subsidios a los estratos cuatro, cinco y seis.
El trabajador raso ve desaparecer su puesto de
trabajos mientras que el afiliado a los grandes sindicatos mejoran
considerablemente su suerte. Esta
situación no puede continuar por mucho más tiempo. El crecimiento del desempleo es un lujo que
no se puede dar el país en este momento de grave crisis institucional.
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