Los agentes económicos
están sumidos en la incertidumbre, al no tener muy claro quién es el
responsable por la inflación: la Junta Directiva del
Banco de la República o el Ministro de Hacienda
La semana anterior los
medios de comunicación nos dieron a conocer una noticia en el frente
inflacionario. De acuerdo con el Dane la inflación de enero llegó a 3,5 por
ciento. Esta cifra no sólo superó los eneros de los últimos años, sino que de
continuar durante el resto del año nos pondría en el explosivo nivel del 50 por
ciento.
Al mirar con más
detenimiento el incremento de los precios, uno se da cuenta que en buena parte
está reflejando los aumentos del año pasado. En efecto, para poder pasar al año
con menos de 27 por ciento, el gobierno decidió incrementar el precio de la
gasolina cuando el Dane ya había cerrado el mes de diciembre. De esta manera se
logró una cifra menor en 1991 a costa de
una mayor inflación en 1992.
Si bien la inflación no
va a seguir corriendo a ritmos tan altos como el de enero, es posible que no
baje tan rápido como se espera. Las cifras disponibles sobre medios de pago
muestran que el crecimiento de la demanda agregada sigue siendo muy alto. En
crecimiento del dinero cercano al 35 por ciento no puede ser compatible con una
inflación del 22 por ciento.
La entrada de divisas
sigue influyendo positivamente en el crecimiento de las reservas
internacionales, y, por lo tanto, está alimentando el crecimiento de los medios
de pago. Las importaciones se mantienen estancadas y las expectativas de
revaluación siguen vigentes.
La Junta Directiva del
Banco de la República y el Ministro de Hacienda, han venido pasándose la pelota
emulando a los dirigidos por el «Bolillo» Gómez. El público no tiene
muy claro quién de los dos es el responsable de por la inflación. La Junta le
pide al Ministro de Hacienda que aumente el superávit fiscal para poder
controlar la inflación, mientras que el Ministro considera que la
responsabilidad del control de la inflación ha pasado al parque de Santander.
Esta situación no
debería continuar pues, los agentes económicos están sumidos en la
incertidumbre. La Junta debería asumir la responsabilidad del control
inflacionario, sin esperar a que el ministro logre el milagro de reducir el
déficit fiscal. El gobierno debe asumir la responsabilidad de determinar una
política en la que se pueda absorber el superávit cambiario mediante una
reducción del déficit fiscal.
Bajo un esquema lógico
de asignación de responsabilidades, la Junta tendría a su cargo la obligación
de mantener una tasa de inflación baja, y que el gobierno debería responder por
la coherencia macroeconómica del plan de apertura.
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