La manera de evitar
problemas en la adjudicación de los espacios de televisión es a través de un
mecanismo que permita asignar los recursos escasos a los que están dispuestos a
pagar más.
Cuando el Presidente
Gaviria adjudicó los noticieros, Francisco Santos escribió una columna en la
que denunció un tratamiento favorable a algunos de los principales
contribuyentes a su campaña. Esta columna dio origen a diversos comentarios y
sirvió de base para una investigación de la procuraduría que finalmente no
concluyó en nada. Aprovechando la oportunidad brindada por la columna de
Francisco Santos expuse nuevamente algunas de las ideas que he sostenido sobre
la absurda manera como se adjudicaban los noticieros y demás programas de
televisión.
A nadie escapa que el
privilegio de poder utilizar una franja de alta sintonía para transmitir
noticias tiene un importante valor económico. Un noticiero bien manejado genera
ingresos por encima de los gastos incurridos en su elaboración y permite a sus
dueños disfrutar de unas ganancias importantes. Fuera de estos beneficios
económicos, el concesionario puede llegar a tener una influencia decisiva en la
política y gozar de un reconocimiento popular. El poder de una administración
que tiene en sus manos la adjudicación de espacios de televisión y de unas
frecuencias de radio es mayor que la de una a la que no puede adjudicar estos
recursos escasos.
El efecto económico de
la adjudicación de estos recursos escasos tiene dos consecuencias diferentes
desde el punto de vista económico. En primer lugar, si el adjudicatario no paga
el verdadero valor económico el gobierno está haciendo una transferencia de
recursos importante a sus amigos que por lo general no son los más necesitados.
Esta asignación se puede convertir en una manera disfrazada de pagar el apoyo
político pues el criterio de adjudicación muchas veces es el de compensar a los
que más contribuyeron a la campaña del presidente de turno.
Por otra parte, la
adjudicación a dedo, por lo general no es hecha a los más capaces sino que se
hace a los amigos más cercanos que no siempre son los mejores empresarios de
televisión. El público tiene que pagar el favoritismo del mandatario de turno
soportando una programación pobre en la que predomina la defensa del mandatario
de turno que hizo famoso al llamado noticiero lambicolor.
La manera de evitar estos
dos problemas es a través de un mecanismo que permita asignar los recursos
escasos a los que están dispuestos a pagar más por los espacios de televisión.
Al igual que se hizo con la telefonía celular los futuros concesionarios deben
hacer una oferta escrita en la que manifiesten lo que están dispuestos a pagar
por cada uno de espacios disponibles. El que haya hecho la oferta más alta
obtiene la concesión. De esta manera no solo no se está pagando por favores
recibidos y fomentando el clientelismo sino que el público va a tener la mejor
programación, pues es de suponer que quien está dispuesto a pagar más por un
espacio tiene las cualidades requeridas para hacer el mejor noticiero.
El adjudicar los
noticieros de televisión por el método de subasta además de tener unas
propiedades atractivas desde el punto de vista de la teoría económica puede ser
una solución de compromiso entre los partidarios de la revocatoria y los
defensores de la situación actual. En efecto, los buenos noticieros y en
especial los que han hecho inversiones considerables estarían dispuestos a
hacer una oferta más alta que la de los amigos del régimen pues, no solo
cuentan con la experiencia sino que sus instalaciones se han amortizado en
estos seis años. Por otra parte, los amigos del Presidente Samper que
verdaderamente saben hacer televisión podrán ganarse el derecho ofreciendo una
cifra justa por el espacio que pretendan.
La confusión creada por
los representantes amigos de Samper podría ser la ocasión para que la
adjudicación de los recursos escasos del gobierno se haga por medio de una
verdadera licitación lo que aseguraría una solución que cumpla con los
objetivos de eficiencia y equidad.
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