La crisis política
desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación
económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a
derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad
fiscal.
La declaratoria de la
Emergencia Económica por la Administración Samper es un nuevo signo del mal
manejo económico que ha tenido el país durante este gobierno. La falta de
previsión y el querer tapar el sol con las manos han resultado en una
experiencia traumática que ha dado al traste con la posible recuperación de la
economía colombiana.
La irresponsabilidad
fiscal que caracterizó a Ernesto Samper durante su paso por el Concejo de la
capital donde organizaba marchas para que los usuarios de los servicios
públicos quemarán las fotocopias de las facturas y se negarán a pagar la
valorización por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, fue, sin
lugar a dudas, la principal característica del plan del salto social.
El hueco fiscal del
Plan de Desarrollo fue motivo de críticas por gran parte de los analistas
económicos independientes del gobierno. La imposibilidad de financiar sanamente
el plan de desarrollo dentro de las posibilidades que dejaba un aumento
acelerado de las transferencias, inspirado por el primer Ministro de Hacienda
del Gobierno Samper desde los salones de la constituyente, resultaba evidente
para todo el mundo.
El afán desmedido por
aumentar el gasto para satisfacer el voraz apetito de la clase política llevó a
romper la sagrada promesa hecha en la campaña electoral de no aumentar los
impuestos. El gobierno, sin el más mínimo rubor, le anunció a la ciudadanía que
el aumento temporal del IVA contemplado en la reforma tributaria de la
Administración Gaviria se convertiría en permanente. Pero como la conversión de
un aumento temporal en uno permanente no era suficiente para poder contar con
el apoyo político del congreso fue necesario apelar a un aumento en dos puntos
en el IVA.
La crisis política
desembocó en una crisis de gobernabilidad que terminó agravando la situación
económica. El gobierno con el fin de lograr el apoyo político comenzó a
derrochar el dinero de los contribuyentes y cerró los ojos a la triste realidad
fiscal. Las voces que comenzaron a llamar la atención sobre la grave situación
del país fueron desatendidas. El Ministro Perry, en lugar de tomar las medidas
adecuadas, se dedicó a escribir cartas a los medios de comunicación en las que
defendía su gestión, descalificaba a sus críticos y culpaba a la anterior
administración por la situación existente.
El cambio de Ministro
de Hacienda ha permitido un cambio en la dirección de la política económica. La
realidad ha sido reconocida y se han comenzado a realizar los ajustes en la
política económica que el país necesitaba. Sin embargo, el camino adoptado, la
Emergencia Económica, no parece ser el más apropiado. La Corte Constitucional,
juzgando por las preguntas realizadas a los expertos en los temas económicos,
tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de las medidas. Todos los
expertos estarán de acuerdo que el Presidente si sabía que el país estaba en
graves circunstancias y que las medidas adoptadas en los dos primeros años de
gobierno nunca estuvieron encaminadas a arreglar el problema que ellos mismos
habían diagnosticado en la campaña presidencial. Por el contrario, el afán de
pagar favores al Grupo Santodomingo, a otros de los grandes aportantes y ganar
el respaldo político para la preclusión en el juicio de la Cámara de
Representantes, lo único que hizo fue agravar la situación fiscal.
Más aún, muchas de las
medidas no solo estaban anunciadas sino que, además se podían adoptar por otros
medios. El freno al endeudamiento privado puede hacerse, y en realidad se ha
hecho, por atribuciones propias de la
Junta Directiva del Banco de la República. Como muy bien lo ha demostrado el
actual Ministro de Hacienda en un sesudo documento, el impuesto establecido al
endeudamiento externo es equivalente a la utilización de los encajes sobre el
endeudamiento externo.
Esta interferencia con
la independencia del Banco de la República es una pésima señal para la
comunidad internacional. El Gobierno Samper no se ha esperado a febrero de 1997
para poder nombrar dos miembros más en la Junta Directiva del Banco de la
República con lo cual contaría con la mayoría en este importante organismo,
sino que ha entrado por la puerta de atrás para acabar con la independencia de
tan importante institución.
Lo que es sorprendente
es que por la declaratoria de la emergencia económica ha quedado en manos de la
Corte Constitucional uno de los principales activos con cuenta la economia
colombiana. La confianza de la comunidad internacional en la seriedad de la
política económica depende de una declaratoria de inconstitucionalidad de la
emergencia económica adoptada por el gobierno Samper. Si se aceptaran los
argumentos del gobierno para acabar con la autonomía del Banco de la República
y del Congreso, Colombia entraría a la lista de los parias no solo en el
aspecto del narcotráfico sino también en el del manejo económico.
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